De momento, el viernes el Consejo de Ministros estudiará el informe definitivo elaborado por la comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA), que dará pie después a la reforma de numerosas leyes que permitan plasmar los objetivos con los que se fundó este organismo: lograr una administración más austera y eficiente, con una racionalización de estructuras, procedimientos y recursos, eliminar las trabas burocráticas, simplificar las normativas y los procedimientos y evitar duplicidades. Todo el proyecto se resume en un lema: una competencia, una administración.
El Gobierno pretende ahorrar con esta reforma de las administraciones públicas en torno a los 8.000 millones de euros en sus dos primeros años en vigor, 2014 y 2015, sin contar con la reducción de empleados públicos. De hecho, ya ha tenido sus efectos, puesto que en 2012 se redujeron 258.000 empleos. (*Fuente: www.lavanguardia.com)
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