El Congreso ha aprobado definitivamente, con los únicos votos a favor del Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista. Ambas normativas entrarán en vigor el 1 de julio.
Desde que fue anunciada por el ministro de Interior, José Fernández
Díaz, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido rechazada por parte de
colectivos sociales y de juristas, que han visto en la normativa
impulsada desde el Partido Popular una limitación de los derechos de expresión y manifestación no admisibles en un Estado democrático.
Amnistía Internacional, Rights International Spain y más de 70 colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito han denunciado el peligro que esta normativa supone para la democracia. A ellos se han sumado los
relatores especiales de la ONU, que se han dirigido al Gobierno español
para señalar las violaciones de los derechos de expresión y
manifestación que derivarían de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, y hasta 35 catedráticos penalistas de las universidades españolas, que han señalado en un manifiesto
que las reformas propuestas, “además, beben político-criminalmente de
las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias,
más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos
denostadas”. (*Fuente: www.diagonalperiodico.net).
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