No seremos nosotros los que defendamos, desde nuestra posición libertaria anarcosindicalista, la necesidad de mantener una estructura de Estado, pero sí la obligatoriedad de dotar a la sociedad libre, compuesta de hombres y mujeres libres, de una forma de administrar los bienes y servicios que son de propiedad (todos deberían serlo) colectiva o comunitaria. A esta forma la llamamos Administración Pública y las personas que, a pesar de todo, conseguimos que funcione, trabajadores y trabajadoras públicos.
Pues bien, este colectivo de trabajadoras y trabajadores, que consideramos una suerte tener la ocupación de contribuir a la felicidad de nuestros conciudadanos, padecemos una severa desgracia: estar a las órdenes de una cohorte de corruptos y gangsters que atesoran sus infames fortunas negociando con los bienes comunes, con el capital colectivo del pueblo, con la venta de unas propiedades que son de uso común y con la cesión a empresas particulares de la gestión de organismos públicos, empresas de las que también se llevan su buen pellizco ¿Con qué derecho estos ladrones se apropian de unos bienes que pertenecen a todos, y con qué derecho negocian con ellos esos charlatanes encorbatados y sempiternamente sonrientes? Por lo menos, ya sabemos de qué se estaban riendo esos hijos de puta; la última redada, en la que han caído más de cincuenta -y son sólo la punta del iceberg- lo corrobora: de nosotros, de todos nosotros.
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